Sres. foreros, pongan un poco de atención por que este tema ha salido en varias ocasiones y siguen ere que erre con las mismas cantinelas.
Haré una exposición lo más resumida posible.
En primer lugar, decir que los activos de Telefónica, que pertenecían a Patrimonio del Estado, fueron puestos a la venta coincidiendo con la decisión de liberar el mercado de las telecomunicaciones. Cualquiera de Vds, podrían haber comprado una parte o CUALQUIER EMPRESA. Luego podrían haber socializado las redes, por tanto, esta privatización fue un acto de Gobierno de la Nación.
En segundo lugar, para salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos, sea cual sea su residencia, situación económica o condiciones de incapacidad, se garantizaba en la antigua Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones lo que se denomina Servicio Universal, y se obligaba al operador incumbente (que no dominante) a :
- Facilitar el acceso a las capas más desfavorecidas con el llamado Abono Social
- Extender el servicio a poblaciones de zonas rurales
- Dispersión de la telefonía de uso público incluso en zonas no rentables
- facilitar el acceso al mismo precio mediante terminales adaptados a colectivos con disminución de determinadas facultades sensoriales
- Reparto libre y gratuito de repertorios telefónicos, las famosas guías.
Se fijaba por Ley, a falta de su desarrollo posterior, lo que se llamó Fondo Nacional por el que se financiaría el Servico Universal. A lo largo de los más de 10 años de carencia por el que Telefónica debía ceder sus infraestructuras a nuevos operadores y en libre competenia directa con las adjudicatarias de las circunscripciones de cable, nunca se contituyó el mencionado fondo. Y por su puesto, NINGUN operador tenía la obligación de ofreser el S.U.
En 2005 se licita por la CMT un concurso público para que cualquier operador se adjudicarse el S.U. y se le compensaba con el Fondo nacional creado al efecto. Se facilitó la licitación fragmentando el territorio nacional en circunscripciones y en servicios del S. U. excepto el Abono Social que permanecía en Telefónica.
El concurso se declaró DESIERTO.
Con más de 15 años de retraso, el regulador extiende la participación en el Fondo a todos los operadores, incluso móviles (la extensión del servicio en zonas rurales es básicamente radiotelefonía por antenas de Movistar). Con la inclusión en el S.U. del acceso a internet a velocidades, dice la ley: de un estandar aceptable, se abre el abanico a otros operadores de telecomunicaciones.
Todos estos datos se pueden extraer y contrastar de multitud de Reales Decretos, Leyes Orgánicas y Órdenes Ministeriales publicadas en el BOE.