La asociación española de pequeñas y medianas empresas de informática (Apemit) ha solicitado la nulidad de todo el proceso que ha finalizado, de momento, en una sentencia (que aún no es firme) a favor de la SGAE y que condena a una mayorista de informática a pagar 23.586 euros, más IVA, por el canon digital. Apemit argumenta que el juez que tomó la decisión -Edmundo Rodríguez Achútegi- tuvo relación con la SGAE cuando fue presidente de Jueces para la Democracia.
Lo que Apemit pide en su recurso es que se declare "la nulidad de todo lo actuado hasta ahora" en esta sentencia concreta, debido a que el magistrado mantenía algún tipo de relación con la SGAE. Extremo, este, que se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 219 donde se dice que todo juez que pueda entender que está mediatizado por tener una relación de amistad, manifiesta, enemistad, o cualquier otro tipo de prejuicio sobre el proceso debe abstenerse de tomar parte en él.
La Asociación de Jueces para la Democracia es beneficiaria directa de aportaciones económicas por parte de la SGAE, hecho documentado tanto en la memoria anual de SGAE 2004, como en el boletín informativo de la asociación (número 38, pág. 12).
